Las facultades más importantes de un Estado son tres: crear las leyes que regulan el funcionamiento de la sociedad, administrar dichas normas y concretar el desarrollo de las políticas de carácter público. Esto permite dividir al Estado en tres grandes poderes, ejercidos por distintas instituciones: el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo.
El PODER LEGISLATIVO. radica en la facultad de desarrollar y modificar las leyes. De este modo, una institución (que, en un régimen democrático, es el Parlamento o Congreso) se encarga de la regulación de los derechos y de las responsabilidades de los ciudadanos, de acuerdo a lo establecido por la Constitución.
Los
diputados y los senadores son los funcionarios que se encargan de proponer
nuevas leyes y de modificar las ya existentes. Cuando se pretende hacer
referencia a este cuerpo o a los órganos que componen la institución, el
concepto de Poder Legislativo debe escribirse con mayúsculas iniciales. Por
ejemplo: “El Poder Legislativo debatirá esta tarde la reforma de la ley de
adopción”, “Tenemos que lograr que nuestra propuesta llegue al Poder
Legislativo”, “La gente está cansada de no tener respuestas por parte del Poder
Legislativo”. Cada país establece sus directrices y
legislaciones específicas acerca del poder legislativo
EL PODER JUDICIAL. El
Poder Judicial es uno de los tres pilares que sostienen el estado democrático
de derecho de nuestro país, junto al Poder Ejecutivo y el Legislativo. Está
conformado por tribunales de diversa competencia –civil, penal, laboral y
familia- y su labor está destinada a otorgar a las personas una justicia
oportuna y de calidad.
Su trabajo está enfocado a generar confianza entre los ciudadanos, fortaleciendo la democracia y contribuyendo a la paz social. Para ello, cumple su función de administrar justicia de manera honesta, confiable y eficiente, bajo el concepto de servicio de calidad a las personas, donde priman el respeto, la no discriminación y el más amplio acceso a la justicia.
A la cabeza del Poder Judicial se encuentra la Corte Suprema y bajo ella se sitúan 17 Cortes de Apelaciones, ubicadas en las distintas regiones del país. De estas últimas dependen 465 tribunales de primera instancia, distribuidos en todo el territorio nacional.
EL PODER EJECUTIVO. Cuya función es garantizar el cumplimiento de las leyes desarrolladas a través del poder legislativo y administrado de acuerdo al poder judicial. El poder ejecutivo, en otras palabras, está vinculado a la gestión del funcionamiento estatal en el día a día.
El
poder ejecutivo de un Estado democrático recae en funcionarios elegidos a
través del voto popular. Las elecciones permiten que la población elija a las
personas que actuarán como sus representantes en la toma de decisiones que
conciernen a la sociedad en general.
De acuerdo al sistema en cuestión, el poder ejecutivo es encabezado por un presidente, un jefe de Gobierno o un primer ministro. Este mandatario suele tener la facultad de elegir a sus ministros y secretarios, que actúan en un ámbito determinado (encargándose de lo que concierne a la economía, la salud, el turismo, etc.). Es importante saber que el citado poder ejecutivo a su vez se puede dividir en tres, según la función que realiza:
Su trabajo está enfocado a generar confianza entre los ciudadanos, fortaleciendo la democracia y contribuyendo a la paz social. Para ello, cumple su función de administrar justicia de manera honesta, confiable y eficiente, bajo el concepto de servicio de calidad a las personas, donde priman el respeto, la no discriminación y el más amplio acceso a la justicia.
A la cabeza del Poder Judicial se encuentra la Corte Suprema y bajo ella se sitúan 17 Cortes de Apelaciones, ubicadas en las distintas regiones del país. De estas últimas dependen 465 tribunales de primera instancia, distribuidos en todo el territorio nacional.
EL PODER EJECUTIVO. Cuya función es garantizar el cumplimiento de las leyes desarrolladas a través del poder legislativo y administrado de acuerdo al poder judicial. El poder ejecutivo, en otras palabras, está vinculado a la gestión del funcionamiento estatal en el día a día.
El
poder ejecutivo de un Estado democrático recae en funcionarios elegidos a
través del voto popular. Las elecciones permiten que la población elija a las
personas que actuarán como sus representantes en la toma de decisiones que
conciernen a la sociedad en general.De acuerdo al sistema en cuestión, el poder ejecutivo es encabezado por un presidente, un jefe de Gobierno o un primer ministro. Este mandatario suele tener la facultad de elegir a sus ministros y secretarios, que actúan en un ámbito determinado (encargándose de lo que concierne a la economía, la salud, el turismo, etc.). Es importante saber que el citado poder ejecutivo a su vez se puede dividir en tres, según la función que realiza:
- Función reglamentarista, que es el conjunto de tareas que se desarrollan a través de lo que son decretos y normas.
- Función política, que es la que realiza con el claro objetivo de conseguir que los ciudadanos puedan ver satisfechos sus intereses de la mejor manera posible. De ahí que suponga tener que tomar medidas que surgen y que no están desarrolladas por leyes o normas previas. En concreto, en este apartado se pueden incluir desde acometer intercambios comerciales con otros países hasta nombrar ministros.
- Función administrativa. Bajo esta denominación se incluyen todas las labores que se desarrollan tanto desde los distintos ministerios como desde el resto de órganos, tales como empresas del estado. Asimismo también alberga a las tareas realizadas en gobernaciones, delegaciones, secretarías de estado o intendencias.
Bibliografia:
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