El Gobierno Nacional, a través de
los ministros La Corte Constitucional El Consejo Superior de la Judicatura La
Corte Suprema de Justicia El Consejo de Estado El Consejo Nacional Electoral El
Procurador General de la Nación El Contralor General de la República El Fiscal
General de la Nación El Defensor del Pueblo En este sentido, quizá una de las
cosas más importantes que tiene la Constitución Política de Colombia es que
también le da la posibilidad al pueblo de presentar proyectos de ley por medio
del mecanismo de participación popular o iniciativa popular. Para ello se
requiere un número de ciudadanos igual o mayor al 5% del censo electoral, un
30% de los concejales o un 30% de los diputados del país. Todos deberíamos
aprovechar esta oportunidad, especialmente cuando creemos que una propuesta de
ley nuestra puede ser de mucha importancia para el país. Veamos cuáles son los
pasos o el recorrido que debe tener un proyecto legislativo para convertirse en
una nueva ley.
Las facultades más importantes de un Estadoson tres: crear las leyes que regulan el
funcionamiento de la sociedad, administrar dichas normas y concretar el
desarrollo de las políticas de carácter público. Esto permite dividir al Estado
en tres grandes poderes, ejercidos por distintas instituciones: el poder ejecutivo,elpoder judicialy elpoder legislativo.
El PODER LEGISLATIVO.radica en la facultad de desarrollar y modificar las leyes. De este modo, una
institución (que, en un régimen democrático, es el Parlamento o Congreso) se
encarga de la regulación de los derechos y de las responsabilidades de los
ciudadanos, de acuerdo a lo establecido por la Constitución.
Los
diputados y los senadores son los funcionarios que se encargan de proponer
nuevas leyes y de modificar las ya existentes. Cuando se pretende hacer
referencia a este cuerpo o a los órganos que componen la institución, el
concepto de Poder Legislativo debe escribirse con mayúsculas iniciales. Por
ejemplo: “El Poder Legislativo debatirá esta tarde la reforma de la ley de
adopción”, “Tenemos que lograr que nuestra propuesta llegue al Poder
Legislativo”, “La gente está cansada de no tener respuestas por parte del Poder
Legislativo”. Cada país establece sus directrices y
legislaciones específicas acerca del poder legislativo
EL PODER JUDICIAL. El
Poder Judicial es uno de los tres pilares que sostienen el estado democrático
de derecho de nuestro país, junto al Poder Ejecutivo y el Legislativo. Está
conformado por tribunales de diversa competencia –civil, penal, laboral y
familia- y su labor está destinada a otorgar a las personas una justicia
oportuna y de calidad. Su
trabajo está enfocado a generar confianza entre los ciudadanos, fortaleciendo
la democracia y contribuyendo a la paz social. Para ello, cumple su función de
administrar justicia de manera honesta, confiable y eficiente, bajo el concepto
de servicio de calidad a las personas, donde priman el respeto, la no
discriminación y el más amplio acceso a la justicia. A la
cabeza del Poder Judicial se encuentra la Corte Suprema y bajo ella se sitúan
17 Cortes de Apelaciones, ubicadas en las distintas regiones del país. De estas
últimas dependen 465 tribunales de primera instancia, distribuidos en todo el
territorio nacional.
EL PODER EJECUTIVO. Cuya
función es garantizar el cumplimiento de las leyes desarrolladas a través del
poder legislativo y administrado de acuerdo al poder judicial. El poder
ejecutivo, en otras palabras, está vinculado a la gestión del funcionamiento
estatal en el día a día. El
poder ejecutivo de un Estado democrático recae en funcionarios elegidos a
través del voto popular. Las elecciones permiten que la población elija a las
personas que actuarán como sus representantes en la toma de decisiones que
conciernen a la sociedad en general. De
acuerdo al sistema en cuestión, el poder ejecutivo es encabezado por un
presidente, un jefe de Gobierno o un primer ministro. Este mandatario suele
tener la facultad de elegir a sus ministros y secretarios, que actúan en un
ámbito determinado (encargándose de lo que concierne a la economía, la salud,
el turismo, etc.). Es
importante saber que el citado poder ejecutivo a su vez se puede dividir en
tres, según la función que realiza:
Función
reglamentarista, que es el conjunto de tareas que se desarrollan a través de lo
que son decretos y normas.
Función
política, que es la que realiza con el claro objetivo de conseguir que los
ciudadanos puedan ver satisfechos sus intereses de la mejor manera posible. De
ahí que suponga tener que tomar medidas que surgen y que no están desarrolladas
por leyes o normas previas. En concreto, en este apartado se pueden incluir desde
acometer intercambios comerciales con otros países hasta nombrar ministros.
Función
administrativa. Bajo esta denominación se incluyen todas las labores que se
desarrollan tanto desde los distintos ministerios como desde el resto de
órganos, tales como empresas del estado. Asimismo también alberga a las tareas
realizadas en gobernaciones, delegaciones, secretarías de estado o
intendencias.
